Artículo de Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda.

Increíblemente esta semana podría perder estado parlamentario la reforma de la ley contra la trata de personas que tiene media sanción en el Senado desde el 31 de agosto de 2011. En efecto, si antes del viernes 30 de noviembre no se le da la media sanción en diputados (donde el oficialismo tiene mayoría y quorum propio) el proyecto de reforma de la ley antitrata volvería a fojas cero, algo que es bastante probable que ocurra ya que al día de la fecha ni siquiera tiene dictamen de comisión.




La iniciativa de la reforma no había surgido de la clase política. Fueron las organizaciones de base antitrata las que impusieron la reforma en la agenda parlamentaria a mediados del 2010 en base a la declaración conjunta que acordaron en el primer congreso de organizaciones de base en Villa María. Ese mismo año, todos los bloques parlamentarios reconocieron que la actual ley de trata (pergeñada en su momento por Aníbal Fernández y Vilma Ibarra) había sido un fracaso al exigir a la víctima que demuestre que no hubo «consentimiento» para ser explotada, no preveer un protocolo de asistencia adecuado y establecer penas ridículas para los tratantes que hacen que en la Argentina sea más punible el robo de cabezas de ganado que tráfico de personas. Todos los bloques parlamentarios suscribieron aquel año un acuerdo donde se comprometían a reformar la ley contra la trata en el plazo más perentorio posible y atendiendo las demandas de la sociedad civil.

Así fue que surgió el proyecto de reforma de la ley que tuvo media sanción en agosto del 2011. El proyecto era un paso adelante comparado con la ley actual porque eliminaba el consentimiento y agravaba las penas, aunque en el mismo no se contemplaba la confiscación y reutilización social de los bienes de los mafiosos, el reconocimiento como delito de la compra-venta de seres humanos y aún había notables deficiencias en los planes de asistencia a las victimas. No obstante, su sanción seria un paso adelante en la lucha contra la trata porque la sola eliminación de la figura del «consentimiento» dejaría sin coartada a los esclavistas y los tratantes.

Luego de dos años de cabildeo parlamentario, está claro que no hay voluntad política de los bloques parlamentarios por sancionar una nueva ley de trata. Ni siquiera la tímida reforma actual que ya tenia media sanción. Un congreso que ha sacado leyes en tiempo record como la del per saltum, claramente no tiene interés en legislar sobre un delito gravísimo a los derechos humanos como lo es la trata de personas.

La Argentina tiene hoy más de medio millón de personas sometidas a la esclavitud en campos y talleres clandestinos, en su mayoría migrantes internos y externos que han sido reclutados con engaños para ser reducidos a la servidumbre. También se advierte la existencia de más de ocho mil prostíbulos ilegales donde se esclavizan no menos de 60 mil mujeres y también menores. La trata y el tráfico de personas no sólo abarca la esfera laboral y sexual, sino asimismo la de bebés en las provincias del norte argentino como Santiago del Estero. Es público que en muchísimos prostíbulos además operan carteles de narcotráfico que los usan para la distribución mayorista y minorista de estupefacientes. La extensión de estos delitos no sería posible sin la complicidad y el encubrimiento de importantes áreas del Estado que por cohecho u omisión permiten que se siga atentando contra la libertad y dignidad de las personas.

Cabe destacar que en la misma Argentina donde se esclavizan medio millón de personas y se multiplican los prostíbulos y la venta de drogas, sólo hay un condenado por lavado de dinero que es un carnicero cordobés. Nuestro país estuvo a punto de ser sancionado por organismos internacionales por no cumplir 21 de las 23 condiciones que pactaron la mayoría de los países del mundo en la lucha contra el lavado de dinero. Claramente la trata, el trabajo esclavo y el narcotráfico se han convertido en formas de acumulación mafiosa de capital, en la cual se benefician muchos nuevos ricos que no pueden explicar el origen de su capital.

Para apreciar en su verdadera dimensión como la mafia esclavista, narco y proxeneta está penetrando de modo transversal y por todos los poros en el aparato del estado, recordemos algunos ejemplos:

- En seis propiedades del Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, se pudo acreditar judicialmente la existencia de seis prostíbulos que funcionaban en red. El delito quedó impune.

- El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, reconoció si ruborizarse que visitó durante su luna de miel con Juliana Awada (a quien también se le encontraron talleres clandestinos con trabajo esclavo que cocían para sus marcas) el prostíbulo «Mix» de Cancún, propiedad de Raúl Martins y Gabriel Conde, quienes lideran una red de trata y tráfico de personas y están fuertemente vinculados al cartel de los Zeta.

- En la delegación oficial de empresarios que viajaron a Angola este año, se incluyó a los referentes de la Salada que se jactan de contar con miles de talleres clandestinos con costureros reducidos a la servidumbre y al dueño del narcoprostíbulo Black que ya tenía causas por trata y narcotráfrico en juzgados federales.

- Otra comitiva internacional impulsada por Cancillería, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y la embajada argentina en Francia llevó a París al diseñador denunciado por trabajo esclavo y evasión, Benito Fernández.

- El ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez aparece asociado no sólo al contrabando de autos con franquicias diplomáticas, sino además con el dueño de Soho acusado penalmente por trabajo esclavo y el de Black, denunciado por trata y narcotráfico.

- El Jefe de la Policía de Santa Fé, Hugo Tognoli fue recientemente destituido por escuchas que lo involucraban con bandas de narcotraficantes y tratantes de personas.

- Toda la División de lucha contra la Trata de la Policía Federal fue destituida luego de la denuncia de la agente Nancy Miño en la que se los acusaba de regentear prostíbulos, tarifarlos y fraguar pruebas ante la justicia.

Y la lista podría seguir interminablemente provincia por provincia y municipio por municipio. La mafia coopta, compra, corrompe al poder político. Y los que ven claramente esto y se oponen, prefieren callar y dejar hacer.

Esas son las más profundas razones por las cuales la ley de reforma de la ley de trata está por perder estado parlamentario. Al congreso parece no interesarle eliminar el consentimiento, imponer penas más duras y mucho menos confiscar los bienes de la mafia. Y el negocio continúa, a excepción del carnicero cordobés condenado por lavado de dinero tan solo para que la estadística no pase vergüenza.

Quizás como en Italia hace algunos años, será la sociedad civil movilizada la única capaz de quebrar el andamiaje mafioso y volver a restaurar los valores de la vida y la libertad.

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