Las costureras de la cooperativa 1° de Julio


Un artículo del diario El Mundo de España sobre el Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI) de Barracas
En el Polo Textil trabajan unas 60 personas de ocho cooperativas: allí reciben asistencia para ‘incubar’ su proyecto productivo
Nazaret Castro @ 10-03-2013 13:53
Carlos llegó de La Paz en 1998. Su tía y su hermana ya estaban en Buenos Aires y trabajaban en talleres textiles; así que él hizo lo mismo. Pasó seis años en un taller del barrio porteño de Boedo, con cama en el propio taller y trabajando de 8 a 20 horas. Cuando aquel taller cerró y uno de los socios montó el negocio en otro lugar, se fue con él, en otro barrio de la capital.
En un galpón dormían los seis trabajadores; había menores y embarazadas. La inflación comenzaba a apretar y el salario resultaba cada vez más mísero: Carlos cobraba 1.200 pesos, algo menos de 200 euros al cambio actual. El patrón se negaba a aumentarles el sueldo. Y terminaron denunciándolo. Un día cualquiera, al atardecer, la policía entró y clausuró el taller clandestino. El juez ordenó la incautación de las máquinas y su cesión al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un organismo estatal responsable del Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), más conocido como el Polo Textil.
El Polo Textil, ubicado en el barrio porteño de Barracas, ofrece apoyo logístico a los trabajadores del textil que resuelven fundar una cooperativa y continuar la producción en casos como el de Carlos, de clausura de un taller clandestino, o bien tras la quiebra de una fábrica. “Aquí tenemos máquinas de tres procedencias: incautaciones de allanamientos, Ley de Quiebras y donaciones del INTI”, aclara Néstor Omar Escudero, trabajador del CDI y miembro de la Fundación La Alameda, una entidad centrada en el combate de la trata de personas y el trabajo esclavo.
“Tenemos unos 60 costureros de ocho cooperativas diferentes, trabajando con condiciones dignas. Funcionan en asamblea y reparten equitativamente los ingresos”, explica Néstor. “Suelen permanecer aquí dos años, donde reciben asistencia para la gestión y difusión de su proyecto cooperativista”. Eso sí, Néstor reconoce que “falta más acompañamiento del Estado”.
Los talleres clandestinos
Las cifras bailan, pero diferentes cálculos estiman entre 3.000 y 15.000 el número de talleres clandestinos del textil sólo en la ciudad de Buenos Aires. Sí puede afirmarse que son miles las personas empleadas en el sector en talleres donde viven y trabajan, en condiciones deficientes de higiene y seguridad, con sueldos muchas veces miserables. Suelen ser inmigrantes; la mayoría, bolivianos.
Vienen buscando una vida mejor, un sueldo más alto que los cien dólares mensuales que pueden conseguir, con suerte, en Bolivia; a menudo, en su lugar de origen los captan con engaños sobre las condiciones salariales y las jornadas, que en la práctica pueden alargarse hasta las 16 horas diarias. Y en algunos casos llegan a estar presos: no los dejan moverse libremente, ni siquiera para ir al médico. Esa fue la razón del trágico incendio de Luis Viale, en 2006: seis personas, entre ellas dos niños, murieron cuando se incendió el taller donde vivían y trabajaban. No pudieron escapar porque los tenían encerrados.
Fue aquel caso el que encendió las luces de alarma, y el Estado comenzó a actuar al tiempo que La Alameda comenzaba a denunciar a marcas y talleristas. En un principio, el ojo estaba puesto en las ferias informales, como La Salada; después se evidenció que marcas de prestigio, como Adidas, Puma o Soho, a menudo emplean las mismas prácticas. Que pagan 1,5 pesos al trabajador por prendas que después se venden a 500 pesos en los escaparates de Palermo. Según un estudio conjunto de La Alameda y el INTI, lo habitual es que el trabajador no se lleve más que el 1,5% del precio final de una prenda.
Incautación de maquinaria
También se ha evidenciado que estas prácticas son generalizadas en la industria textil, y no meras excepciones. Prueba de ello es que cuando, hace unos años, el INTI lanzó un programa voluntario y gratuito de certificaciones que garanticen el respeto de las leyes laborales, poquísimas empresas se inscribieron.
Desde la aprobación de la ley contra la trata de personas de 2008, han sido ‘rescatados’ unos 3.500 trabajadores en allanamientos y clausuras de talleres ilegales. Sin embargo, sólo una mínima parte consigue ‘reciclarse’ en cooperativas; para la mayoría, la clausura de un taller supone quedarse simultáneamente sin casa ni trabajo, por lo que muchas veces acaban volviendo a otro taller con similares condiciones. Por eso Néstor Escudero reclama “la confiscación automática de las máquinas, para resarcir a las víctimas y a la sociedad”. Y, como él, expertos y ONG demandan que se incluya en la nueva ley de trata, que se está tramitando en el Congreso, que la incautación de maquinaria sea obligatoria, y no dependa, como hasta ahora, de la decisión de cada juez
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