FALABELLA shopping


Grandes marcas bajo investigación
El pedido de indagatoria de Juan Luis Mingo Salazar, el titular de Falabella, es el momento culminante de una serie de investigaciones que se vienen realizando desde hace diez años, por denuncias de trabajo esclavo contra importantes firmas textiles. Una de las primeras presentaciones se hizo en el año 2006 contra 18 empresas de primera línea, entre ellas Puma, Topper, Adidas, Awada, Ona Saez, Mimo y Dufour, a las que se señaló como presuntamente relacionadas con las actividades en un taller ubicado en la calle Campana, en el barrio porteño de Floresta. En ese taller trabajaban costureros indocumentados, entre ellos un adolescente de 16 años, algunos de los cuales habían sido traídos desde Bolivia con la promesa de un empleo digno. Se les pagaba poco más de 20 pesos a cada uno por día, por confeccionar camperas. Trabajaban, en condiciones insalubres, de lunes a viernes, desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche.
Esa denuncia fue realizada, en forma conjunta, por la Unión de Trabajadores Costureros y la Fundación La Alameda. Las denuncias habían sido aportadas por trabajadores que dijeron tener conocimiento de “varias decenas” de talleres que tenían el mismo sistema laboral. La presentación fue por violación a la ley 12.713, que regula el régimen de trabajo a domicilio, a la ley de migraciones, al convenio del gremio del vestido y también por “reducción a servidumbre”.
En julio del año pasado, una nueva causa se abrió contra un taller del barrio de Mataderos donde se confeccionaban prendas para la firma Cheeky, dirigida por Juliana Awada, la actual mujer del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Los costureros, de origen boliviano, trabajaban quince horas por día con un sueldo mensual de 1800 pesos. Los trabajadores tenían incluso dificultades para salir de la planta, dado que vivían en el lugar, hacinados, en cuartos pequeños, con camas tipo cucheta.
Cheeky ya había sido denunciada con anterioridad, en enero de 2007, por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, durante la gestión como jefe de Gobierno de Jorge Telerman. En aquella ocasión se habían constatado irregularidades en varios talleres que fueron inspeccionados, pero un fallo del entonces juez y hoy ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dictó el sobreseimiento de los responsables de la firma. La resolución fue considerada “escandalosa”.
En julio de 2012 se renovó la denuncia contra Cheeky por “reducción a servidumbre, evasión fiscal, violación a la ley de migraciones y a la ley de trabajo a domicilio”. La denuncia fue por la existencia de un taller en el cual trabajaban 13 personas en condiciones infrahumanas. No bien la denuncia se hizo pública, la firma aseguró en un comunicado que “de acuerdo con su procedimento habitual, ha resuelto suspender inmediatamente la relación comercial con ese taller hasta tanto se esclarezca su situación” con la Justicia.
El año pasado se hizo un escrache por trabajo esclavo a la marca de ropa Soho, que ya había sido acusada en 2007. Aunque también hubo un sobreseimiento judicial, se reiteraron las denuncias por la existencia de tres talleres en los que se confeccionaban prendas para esa marca. La manifestación contra Soho se hizo frente al local que tiene la firma en la avenida Santa Fe al 2000, en la Capital Federal.
Una de las últimas denuncias se hizo el 12 de abril de este año, contra la marca Zara. Esta es la segunda imputación judicial contra la misma firma. Igual que la primera presentación, se hizo ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, a cargo de Marcelo Colombo. Las denuncias fueron hechas contra el responsable de la firma, Luis Mendoza Zarco, y contra los responsables de un taller de costura ubicado en Cafayate 1836 de la Capital Federal.
Allí se confeccionaban prendas para las marcas Zara y Scombro, entre otras. Se entregaron filmaciones y fotografías que demostrarían que el local no está en condiciones de ser habilitado, por problemas de salubridad, higiene y por la “explotación de empleados a los que se le paga cuatro pesos por prenda terminada”.
Piden indagar al titular de Falabella por trabajo esclavo
Un fiscal pidió que se investigara al titular argentino de las tiendas Falabella luego de que la AFIP allanara un taller. En el local había personas en condiciones de esclavitud cosiendo ropa de las marcas vendidas por la cadena chilena.
Por: Milva Benitez
El fiscal federal Federico Delgado solicitó que el ingeniero Juan Luis Mingo Salazar, titular de la cadena de tiendas Falabella S.A.C.I., sea citado a indagatoria en una causa por reducción a la servidumbre. El expediente, radicado en el juzgado de Claudio Bonadio, se inició tras inspecciones realizadas por AFIP en diciembre de 2012, donde encontraron personas sometidas a condiciones de trabajo esclavo.
“Viven ahí, duermen ahí y confeccionan todo el tiempo, incluso les pregunté si conocían las calles aledañas y no conocían nada. Me dio la impresión que no salen mucho de la casa. Tenían cara de cansados, con ropa de trabajo, sucios. Aparte el olor a encierro era terrible, no había ni una ventana abierta”, contó ante el fiscal una de las inspectoras que participo de ese operativo.
En marzo de este año, Delgado dispuso el allanamiento de los locales que funcionaban en Quirós 3041 y San Nicolás 266 de la ciudad de Buenos Aires. Encontraron a 10 personas que trabajaban “cama adentro”, con un sueldo de aproximadamente $2500; del que solo obtenían una parte porque “$1000 eran retenidos para la comida y vivienda”. Trabajaban entre 12 y 18 horas al día.
En estos talleres, los trabajadores en su mayoría provenientes de Perú, se encontraban en situación migratoria regular. Pero su documentación estaba retenida por Robert Egber Tupino Yncacutipa, el titular de los locales y las máquinas. El hombre figura ante la AFIP como monotributista correspondiente a la categoría F (acabado de productos textiles), pero no tiene ningún empleado registrado ante dicho organismo.
En los allanamientos, los agentes de la policía federal encontraron bultos de ropa y etiquetas de las marcas que comercializa la cadena comercial de origen chileno, Falabella. En el pedido de indagatoria el titular de la Fiscalía Nº 6 en lo Criminal y Correccional, lamenta que muchas veces estas causas fracasen porque “tan solo se logra descubrir el taller, más no a quien se apropia de ese trabajo —Pero agrega―.: Aquí las cosas fueron diferentes.”
Los talleres vendían su producción a la firma SIFAP S.A., de Héctor y Gustavo Mitelman. Esta empresa, que actuaría como intermediaria, proveía la ropa que Falabella comercializa con el mismo nombre y con las marcas Sybilla y Americanino.
“Las grandes marcas generalmente crean sociedades con una fachada legal donde tercerizan y éstos mandan al taller de trabajo esclavo”, explicó a Infojus Noticias Lucas Schaerer, representante de La Alameda, la organización que ha denunciado este tipo de explotación en reiteradas oportunidades. “La tercerización les permite no contaminarse”, dijo el fiscal Delgado en su escrito.
Schaerer destacó la intervención del fiscal porque desde 2005 hasta ahora –cuando presentaron las primeras denuncias como asociación -: “No hay ninguna causa de trabajo esclavo que haya llegado a juicio, y menos que involucre a grandes empresas.”
Falabella es una empresa de origen chileno, que comercializa productos bajo el formato de tiendas por departamentos, con presencia en Chile, Colombia, Argentina y Perú. En 2002, Mingo Salazar ingresó a la empresa como Gerente de Finanzas Retail, cargo que ocupó hasta su partida a Argentina en octubre de 2008. Actualmente es Country Manager del Grupo Falabella Argentina y Presidente de CMR Falabella S.A.
La justicia apunta a Falabella
Por: Tiempo Argentino
La justicia pidió ayer la indagatoria del Country Manager de las tiendas comerciales Falabella, Juan Luis Mingo Salazar, investigado por el delito de “trata de personas” por medio de la explotación trabajadores inmigrantes en dos talleres textiles del barrio porteño de Floresta.
El oficio corrió por cuenta del fiscal federal Federico Delgado, quien solicitó ayer la declaración del empresario en el marco de la causa 13354/12, a cargo del juez federal Claudio Bonadio, y promovida tras dos allanamientos impulsados por la AFIP en diciembre pasado.
El fiscal solicitó a su vez que se indague a los empresarios Héctor y Gustavo Mitelman, supuestos “responsables de la firma que ofició de proveedora” de ropa para la cadena, SIFAP SA, y de Robert Egber Tupino Yncacutipa, que carga con la imputación de haber montado un taller ilegal, consignó Delgado.
La empresa aseguró a Tiempo Argentino que “colaborará con la justicia argentina en todo lo que se le solicitó” a la vez que ratificó “su compromiso con el país y con su modelo de trabajo basado en principios éticos de confianza, respeto por los derechos y dignidad de las personas y el desarrollo sustentable de sus negocios”.
Mientras tanto, se especula con que el titular de la compañía multinacional de origen chileno podría afrontar cargos bajo la Ley 12.713, que establece “responsabilidad” con el pago de salarios y los accidentes de trabajo, y también por los artículos 140 y 145 bis del Código Penal. Asímismo se analizará la actuación del empresario en relación con el artículo 117 de la Ley Nacional de Migraciones, detalló la asociación civil La Alameda, que sigue de cerca la problemática del trabajo esclavo. 

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