En el día de la Independencia inauguró la comunidad Q’om Potae Napocna Navogoh en Formosa el primer emprendimiento textil. Allí tendrán capacidad para 24 trabajadores en un turno, a su vez capacitación a decenas de integrantes de la comunidad, con reparto igualitario de las ganancias, sin patrón, y sin trabajo esclavo e infantil.



El acto de inauguración contó con la presencia del Qarashé, Félix Díaz, y Gustavo Vera por la Alameda y Julio Piumato de la secretaria DDHH de la CGT, quienes fueron designados por el juez Federal Ariel Lijo como depositarios judiciales de la maquinaria textil incautada a tres talleres esclavos, que producían para las marcas Narrow y M 51.

A su vez integró la comitiva desde Buenos Aires María Lujan Rey, la madre de Lucas Menghini Rey de la tragedia ferroviaria de Once.



El acondicionamiento del emprendimiento textil como la capacitación es posible por la colaboración de la Alameda. Mientras que el traslado de maquinarias el jueves 27 fue realizada por el gremio de los Camioneros que lidera Hugo Moyano.



La unidad de las organizaciones en beneficio de la comunidad Q’om se realizó en el marco de la Campaña Nacional contra el Trabajo Esclavo lanzada en diciembre del año pasado en el salón Felipe Vallese de la Central General de los Trabajadores (CGT) en Azopardo 802.

Desde entonces se denunciaron penalmente y escracharon a grandes marcas de ropa, por ejemplo SOHO, Montagne, y talleres que producen para la Salada. Esto forma parte de las acciones de la Campaña contra la Esclavitud que a su vez busca replicar en las causas penales la incautación de la maquinaria para la reutilización social.


En el caso del fallo judicial de Lijo, que incluye un centenar de maquinas de un costo de 5 millones de pesos y 3 millones en prendas, se decidió que en base a “la vulnerabilidad de la comunidad Q’om y la legislación internacional como nacional que protege a estas comunidades originarias en sus derechos económicos, sociales y culturales” se debe entregar la maquinaria al pueblo originario.
En el párrafo final del fallo el magistrado fue lapidario respecto a la responsabilidad del Estado Nacional: “Es así que en el análisis de toda esta legislación surge que el Estado Nacional  se ha comprometido con los grupos aborígenes a garantizarles el disfrute de los derechos humanos y de los derechos indígenas, cosa que en la realidad de los hechos no se ha cumplido con esta comunidad que se encuentra en estado de vulnerabilidad ya que carece de los elementos necesarios para su desarrollo, deben recurrir a realizar trabajos temporarios y muchas veces con características de explotación. Por este motivo estimo que resulta adecuado que les sean facilitadas las maquinarias para que, con el asesoramiento adecuado, puedan realizar un emprendimiento que otorgue salida laboral digna a los integrantes de dicha comunidad”.caratula de la causa

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