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El sacerdote Fabián Pedacchio Leaniz, colaborador argentino del Papa Francisco, hizo llegar a la Alameda una pronta respuesta de Su Santidad a la carta que le remitimos ayer miércoles 7 en la Nunciatura Apostólica por los docentes nucleados en UDOCBA luego de una multitudinaria movilización que incluyó un acto en la puerta del Congreso Nacional.
Desde la Alameda y UDOCBA se recibió con sumo agrado este gesto sincero y cordial del Papa, que pone de relieve su voluntad conciliadora y su permanente conexión con los temas que verdaderamente preocupan a nuestra sociedad, entre los que sin dudas se encuentra la educación

A continuación la transcripción del texto que nos envió Su Santidad a la dirección de correo electrónico de “Políticas Educativas de CGT”.

Sr. Miguel Ángel Díaz:
Recibí, a través de correo electrónico, su carta y los adjuntos. Se lo agradezco de corazón. Le agradezco todo lo que Usted hace por la promoción de la justicia social y de la cultura del encuentro. La educación es clave para todo cambio y para la movilidad social. Salud, educación y trabajo son prioritarios en la sociedad. Rezo por Usted y por su trabajo y, por favor, le pido que lo haga por mí.
Que el Señor lo bendiga y la Virgen Madre lo cuide.
Fraternalmente.
Francisco

Aquí la carta entregada por UDOCBA al Papa y que fuera respondida por él.

A la Santidad de Nuestro Señor el Papa Francisco I
Palacio Apostólico 00120 Ciudad del Vaticano
Su Santidad, Francisco I
Vuestra Santidad
Apoyado en el espíritu de humildad y solidaridad que diariamente Su Santidad da muestras, el Consejo Directivo de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba) apelando a su compromiso permanente con los pobres y los desposeídos le solicita su mediación para que oriente a nuestros gobernantes hacia una posición humanista y cristiana que revierta la dura realidad social que hoy afecta a las escuelas públicas estatales de la República Argentina.
Con este objetivo, le hacemos llegar, como ejemplo de lo que sucede en toda la Nación, nuestra visión sobre la problemática educativa en la provincia de Buenos Aires. Las malas condiciones, tanto en lo que respecta a infraestructura como equipamiento, sumado a los bajos salarios del personal docente repercute sobre la calidad educativa, consecuencia directa de la falta de inversión en educación.
La necesidad de volver a priorizar la educación como instrumento para el cambio y la movilidad social nos impulsa a presentar un anteproyecto de ley titulado:
“Ley Nacional de coparticipación educativa para el salario igualitario”.
Estamos convencidos que con esta herramienta, las provincias argentinas contarán con los recursos necesarios para dar respuesta a la comunidad docente, garantizando así, definitivamente, este servicio de carácter fundamental. Le adjuntamos dicho anteproyecto con la esperanza de que aliente nuestra propuesta, en la certeza de que la fuerza de su palabra iluminará el camino de nuestros gobernantes y de esta manera podremos construir el futuro comprometido y feliz que nuestro pueblo merece.
Nuestra organización cree que su palabra es un aporte a la solución definitiva de los graves problemas que padecemos los argentinos, en ese marco, no nos queda más que esperar su bendición apostólica.
Miguel Ángel Díaz
Sec. Gral. Udocba
11 de julio de 2013
Udocba- Calle 14 N° 1181 – La Plata – cel.: 1555796580
e-mail:politicaseducativascgt@gmail.com

Aquí los materiales respecto a los conflictos docentes de la provincia de Buenos Aires y la alternativa que plantea el gremio docente UDOCBA nucleado a la CGT y que junto a la Alameda conforman la Campaña Nacional contra el Trabajo Esclavo donde hemos denunciado a grandes marcas de ropa esclavista y hemos aportado a la conformación de la primer textil Q’om.

Reseña de la problemática educativa en la provincia de Buenos Aires
Infraestructura, insumos y aspectos pedagógicos y sociales en la escuela estatal.
La provincia de Buenos Aires es el fiel reflejo de lo que ocurre en el resto del país, con 18.000 servicios educativos, (de los 38.000 nacionales) y cuatro millones quinientos mil alumnos.
• En nuestra provincia, los servicios educativos están distribuidos entre escuelas iniciales, primarias, medias o secundarias, educación superior, especiales, artísticas.
• El 40% de los servicios educativos estatales tienen graves problemas edilicios y de infraestructura, ya sea, por falta de mantenimiento o construcciones con problemas endémicos (falta de cloacas y agua potable; deficiente red de gas y eléctrica; problemas en techos, cielos rasos y baños, ventiladores y estufas).
• El 70% de las escuelas primarias y secundarias estatales carecen de insumos específicos y pedagógicos (sillas, escritorios, proyectores, cañones, etc.).
• No se cumple con la Ley 26206 en su Capítulo 2, Art 24; ni el Art.28 del Capítulo3. En estos artículos se establece la obligatoriedad de jardines de 3 a 5 años y escuelas primarias de jornada extendida o completa respectivamente. La ausencia de aplicación de esta norma genera desigualdad social.
• Ausencia del Estado frente a las nuevas problemáticas sociales (drogadicción, alcoholismo, violencia) dejando al docente en soledad y desprovisto de herramientas para modificar esta situación en el ámbito escolar.
• Ausencia de capacitación, a cargo del Estado, en forma orgánica y responsable, sobre las nuevas herramientas científicas y tecnológicas y su utilización pedagógica.
Problemática salarial
• En la provincia de Buenos Aires trabajan 280.000 docentes; la mitad de ellos (140.000 docentes), sobreviven con $ 3.400 mensuales de bolsillo bajo todo concepto. El 40% de este salario es en negro, motivo por el cual, padecen deficiente obra social y jubilaciones miserables.
• El 70% de los docentes son mujeres, el 50 % de dicho porcentaje es sostén de familia.
Esta situación, injusta y agobiante, obliga a los trabajadores a encarar una lucha para modificar su situación laboral y la salarial. Las autoridades, tanto nacionales como provinciales, en lugar de resolver las causas del conflicto (bajos salarios y condiciones inadecuadas de aprendizaje) atacan los efectos: la lucha gremial (cierran paritarias unilateralmente, ajustan salarios por debajo de la inflación y descuentan huelgas no declaradas ilegales).
La falta de soluciones correctas termina transformando el tema educativo en un conflicto endémico que afecta la calidad educativa y desalienta la vocación de ser maestro.
Nota: Salvo las provincias de Córdoba, Santa Fe, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut (estas tres últimas con un costo de vida superior al resto del país), el resto de las provincias sufre el mismo esquema salarial que la provincia de Buenos Aires.
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LEY NACIONAL DE COPARTICIPACIÒN EDUCATIVA PARA LA IGUALDAD SALARIAL
FUNDAMENTOS
En los noventa el neoliberalismo imperante apuntó a limitar la injerencia del Estado nacional en el campo económico y a trasladar a los gobiernos provinciales las responsabilidades en la prestación de los servicios sociales básicos.
A principios de esos años y en el marco de estas políticas globales de reforma del Estado,
se sancionó la Ley N° 24.049 que puso en marcha un proceso de descentralización educativa por la cual se transfirió a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires los servicios educativos que aún administraba y gestionaba, en forma directa, el Estado nacional a través del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET).
El primer antecedente se da en 1978 cuando la dictadura militar decidió transferir a las provincias y a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la administración de la casi totalidad de establecimientos públicos vinculados a la educación primaria, a través de la sanción de las Leyes N° 21.809 y N° 21.810. Dos años más tarde, este proceso de transferencia encontró su continuidad con la sanción de las Leyes N° 22.367 y N° 22.368 a través de las cuales se traspasó a las jurisdicciones provinciales y la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la administración de la casi totalidad de establecimientos públicos vinculados a la educación primaria para adultos. Debemos resaltar que las motivaciones que condujeron a las autoridades nacionales, tanto de la dictadura como del gobierno neoliberal, a iniciar estas transformaciones no estuvieron asociadas a criterios pedagógico educativos sino económicos, como ya dijimos. El propósito era equilibrar el presupuesto nacional, liberando al Estado nacional de la prestación del servicio y transferir dicha responsabilidad a las provincias, sin tener en cuenta la calidad educativa ni la capacidad de las provincias para garantizar la continuidad de las prestaciones. Posteriormente, durante la gestión del presidente Carlos Menem se completó la transferencia de los servicios educativos a las provincias (que contaba con el antecedente del consenso expresado en el Congreso Pedagógico Nacional). Con la llegada de Cavallo al Ministerio de Economía en 1991 se impulsó la transferencia de los servicios educativos. La Ley de Presupuesto para 1992 enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo Nacional, determinaba que a partir del 1 de enero de ese año las escuelas nacionales pasaban a las provincias. En diciembre de 1991 se sancionó la Ley N° 24.049, transfiriendo a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los servicios educativos que habían sido administrados hasta ñla fecha por el Ministerio de Educación de la Nación y por el CONET, como así también, las facultades y funciones de regulación, supervisión y financiamiento de los establecimientos de gestión privada.
Es tiempo de reparar los daños producidos al sistema educativo y avanzar en la construcción de un sistema que garantice igualdad y calidad educativa priorizando la formación integral del hombre. En este marco, el Estado Nacional debe garantizar el financiamiento del sistema educativo reasumiendo su responsabilidad en lo referente a educación y abandonando definitivamente la matriz liberal de los años noventa.
Por lo expuesto Udocba presenta ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el siguiente anteproyecto: (SABIN)
Ley nacional de coparticipación educativa para el salario igualitario
VISTO:
Que la Educación es un bien público y derecho personal y social, que debe ser garantizado por el Estado Nacional.
Que el Estado Nacional, concurrentemente con las provincias y la C. A. B. A., tiene la responsabilidad principal e indelegable de garantizar la Igualdad, Gratuidad y Equidad en el ejercicio del derecho a la Educación.
Que el Estado Nacional debe garantizar el derecho constitucional a enseñar y aprender.
Que el Estado Nacional debe garantizar el funcionamiento del sistema educativo nacional.
Que los objetivos de la política educativa nacional debe garantizar la igualdad sin desigualdades regionales ni inequidades sociales.
Que el Sistema Educativo Nacional debe tener una estructura unificada, lo cual implica evitar cualquier forma de desigualdad en el ejercicio de los derechos de todos los actores del proceso educativo.
Que los docentes de instituciones educativas de gestión estatal y/o privadas reconocidas tienen derecho a una remuneración, igual para todos ellos, cualquiera sea la jurisdicción en la que desempeñen su labor (“Igual remuneración por igual tarea”, Constitución de la Nación argentina, art. 14 bis).
Que la norma constitucional, en el artículo precitado, establece el derecho a percibir, al menos, el salario mínimo, vital y móvil.
Que los docentes de todo el país tienen derecho a un salario y condiciones dignas de trabajo y a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional, reuniones que deben comenzar la primera semana de enero para garantizar el normal inicio de clases.
Que el Estado Nacional tiene el deber de dotar a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad en todo el país.
Que el Estado Nacional debe asistir técnica y financieramente a todas las jurisdicciones.
Y CONSIDERANDO:
Que existen claras desigualdades en las condiciones de los establecimientos educativos (ya sean esas de carácter edilicio o de equipamiento) según estén estos localizados en diversas jurisdicciones y/o regiones, e incluso, dentro de las mismas, según su ubicación en los diferentes departamentos o municipios.
Que existe una notable disparidad en los salarios percibidos por los docentes en las diferentes jurisdicciones.
Que el hecho que se menciona en el párrafo anterior contradice el principio constitucional de “igual remuneración para igual labor” (Art. 14 bis).
Que además existen salarios básicos docentes que se hallan por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo cual los torna indignos.
Que han existido casos en que las Negociaciones Colectivas de Trabajo han sido cerradas por decreto por el Estado Nacional o Jurisdiccional.
Que una educación de calidad no puede ser garantizada si no se cuenta con el número necesario de establecimientos educativos para dar el servicio como así tampoco, si las jurisdicciones no disponen de los fondos necesarios para su mantenimiento y equipamiento, asimismo para garantizar el pago de salarios dignos a sus docentes acorde a la preparación calificada que se les exige para acceder a la tarea docente.
LEY NACIONAL DE COPARTICIPACIÒN EDUCATIVA PARA LA IGUALDAD SALARIAL
Art. 1º.- El Estado Nacional compartiendo responsabilidades con las provincias y CABA, garantizará las condiciones edilicias y el equipamiento de todos los servicios educativos eliminando las desigualdades existentes.
Art. 2º.- El Estado Nacional auditará los fondos de coparticipación educativa enviados a las provincias garantizándose de esta manera que sean utilizados para los fines previstos. A su vez, en las provincias se formarán comisiones de seguimiento, integrados por los partidos de la oposición con representación parlamentaria y gremios con personería gremial perteneciente a dicha jurisdicción.
Art. 3º.- El Estado Nacional garantizará el principio de igual remuneración por igual labor a todos los docentes del país mediante la fijación de un salario básico igualitario nacional (SABIN), cuyo monto será la resultante de promediar el salario de trabajadores jerárquicos del área estatal y privada (bancarios, supervisores de comercio, directores de la administración pública, petroleros, etc.) habida cuenta del carácter de trabajador calificado del docente.
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo Nacional, los poderes ejecutivos de los estados provinciales y de la C. A. B. A. no podrán cerrar por decreto las Negociaciones Colectivas de Trabajo celebradas con los sindicatos docentes. Las discusiones paritarias nacionales para la actualización salarial darán comienzo durante la primera semana de enero a fin de garantizar un normal ciclo lectivo.
Art. 4º.- De forma.

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