La primer denuncia de la Alameda contra talleres textiles clandestinos tras ochos años de trámite judicial recién ayer se dictó la condena a los esclavistas. Uno de los talleres liderados por Salazar Nina y su esposa Remedio Flores se ubicaba detrás de la comisaría 40. Pese a estar imputados los esclavistas seguían con sus talleres sometiendo inmigrantes hasta diciembre del año pasado (ver video cámara oculta). Por eso es urgente que se reglamente la incautación de bienes a la mafia para la re utilización social.
escrito en la vereda del taller

PRIMERAS CONDENAS A DUEÑOS DE TALLERES CLANDESTINOS
Seis años por explotación laboral
Nueve acusados por explotar talleres clandestinos de costura fueron condenados ayer a penas de hasta seis años de prisión por los delitos de reducción a la servidumbre y facilitación de permanencia ilegal de extranjeros en territorio nacional. Se trata del primer juicio por la explotación laboral registrada en talleres clandestinos ubicados en los barrios porteños de Flores y Floresta, que trabajaban para importantes marcas de indumentaria.
Las penas fueron fijadas por el Tribunal Oral Federal Nº6 de Capital al cabo de un juicio oral contra los imputados por mantener mano de obra semiesclava en seis talleres de costura clandestinos ubicados dentro de la ciudad de Buenos Aires.
Los jueces María del Carmen Roqueta, José V. Martínez Sobrino y Julio Luis Panelo impusieron condenas de seis años de prisión a Juan Carlos Salazar Nina y Remedios Flores Alarcón, de nacionalidad boliviana, y de tres años a Han Ki Gone, Kim Ki Ja y Sung Ho Han, ciudadanos coreanos. También impuso dos años de prisión para Amalia Cancari Nina y Julio Parisaca Cocarico, y uno para Lucio Huaca Calisaya y Esteban Lucana Choque, en tanto fueron absueltos Martín Fernández Llanos y Andrea Mariana Beatriz Reparaz Fiori.
En la causa se investigaron los delitos previstos en los artículos 140 del Código Penal que penaliza la reducción a la servidumbre y 117, agravado por los artículos 120 y 121 de la Ley 25.871 de Migraciones.
El fiscal Horacio Azzolín había pedido condenas de hasta ocho años de cárcel para los principales acusados. Azzolín explicó durante el alegato que los acusados permitieron que las víctimas residieran en el país, muchas veces en forma ilegal, porque les convenía económicamente, ya que no pagaban cargas sociales ni seguros por emplearlos. Asimismo, sostuvo que las víctimas cumplían jornadas laborales de 13 horas, comían en el taller clandestino y algunos alquilaban habitaciones en el mismo lugar, donde estaban hacinados y en condiciones higiénicas deficientes.

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