Aseguran que el número de chicos que trabaja en el basural triplica el estimado por el Municipio. Y el fiscal federal pidió al intendente Pulti que se les restituyan sus derechos y que se aplique el Plan de Inclusión Social.
Los chicos en el basural
Nota ingresada el 21 de febrero de 2014
Silvina Elías, referente de Alameda en Mar del Plata, dialogó con Loquepasa.net sobre el tema y dijo que si bien el Municipio en un principio “negaba que hubiese menores trabajando en el predio”, luego “reconoció que había unos 30”.
Sin embargo, el número calculado por el Ejecutivo estaría lejos del real. La Fundación Alameda identificó al menos a 97 chicos -aunque estiman que serían más de cien- que se encontraban realizando trabajos dentro del basural.
La diferencia numérica, dificulta el tratamiento del problema, ya que “no es lo mismo planificar una política para 30 chicos que para más del triple de esa cantidad”, apuntó la referente local de Alameda. “Es difícil articular propuestas si la Municipalidad no sabe cuántos pibes hay en el lugar”, añadió.
Respecto de la decisión de la Justicia, Silvina Elías aclaró que “eso en realidad era algo que ya iba a pasar más allá de la decisión judicial”, ya que impedir el acceso de los menores al predio de residuos, en realidad, forma parte de “un requerimiento de los organismos de crédito internacionales que dieron fondos para la erradicación del basural a cielo abierto”, aclaró.

Luego de aclarar que el cercamiento del lugar “será progresivo”, la referente marplatense de Alameda pidió que se aplique el Plan de Inclusión Social y que se les restituyan los derechos a los menores vulnerados.
Es que de acuerdo con el relevamiento que realizó la Fundación en Mar del Plata, “impedirles el acceso a los menores no alcanza”. La situación, por si resulta necesario aclararlo, es compleja y delicada.
Ocurre que “si ese chico tiene que aportar a la economía de su hogar, evidentemente sus padres no tienen un trabajo digno”, lo que dificulta la erradicación del trabajo infantil.
Por eso Elías señaló que “está bien que se erradique el basural a cielo abierto”, pero remarcó que  “se le tiene que dar una reinserción laboral a personas que están hace muchos años recolectando residuos y casi prestando un servicio para la ciudad”.
La referente de Alameda explicó que desde el 2011 se encuentra elaborada  “la propuesta para que se armen cooperativas y otro tipo de trabajos relacionados a la gestión de los residuos sólidos urbanos”, pero sin embargo “las soluciones en estos temas no se dan de un día para otro”.
“Lo de Zerillo nos da vergüenza”
Respecto de la postura del funcionario, la referente local de Alameda expresó: “Nos parece una vergüenza lo de Zerillo porque es abogado y está ocupando un cargo de Derechos Humanos dentro de la Municipalidad”.
“Si Zerillo lee la resolución completa, plantea que lo que tiene que haber es una articulación con las distintas áreas de la Municipalidad y una restitución de los derechos de los menores”, añadió Silvina Elías, quien finalmente señaló que el hecho de que el funcionario “no haya leído la resolución, es una vergüenza”.
RESOLUCIÓN DEL FISCAL Y NOTA EN FISCALES.GOB.AR
Intervino el fiscal federal Pablo Larriera
Mar del Plata: la fiscalía pidió al intendente que impida el acceso de niños a un basural
Fue a raíz de una denuncia en la que se constató que niños, niñas y adolescentes realizaban tareas laborales en condiciones “inhumanas”. Además se solicitó que se tomen medidas alternativas de cuidado y contención de los niños, así como la implementación simultánea de políticas de restitución de derechos a personas o familias en situación de vulnerabilidad.
A partir de una denuncia formulada en enero pasado por la organización no gubernamental La Alameda, la fiscalía federal N° 1 de Mar del Plata, en ese entonces a cargo de Pablo Larriera, comenzó a intervenir en la causa por las posibles condiciones laborales calificadas como “inhumanas” de unas 410 personas en el “viejo predio de disposición de residuos”, perteneciente a la Municipalidad de General Pueyrredón. Esto se debió a que esas conductas podrían resultar presuntos casos del delito de trata de personas.
Gracias a la investigación realizada, en principio se pudo constatar que entre las personas se encontraban una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en condiciones de extrema vulnerabilidad en el lugar, “desarrollando algunos de ellos tareas de separación, acopio y/o recolección de los residuos que allí llegan, en su mayoría acompañando a sus familias, y con problemáticas diversas tales como adicciones, desempleo familiar, deserción laboral y/o carencia de beneficios sociales”.
De esta manera, el fiscal Larriera solicitó el viernes pasado al Intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, que “arbitre en forma urgente […] todos los medios institucionales bajo su órbita y a través de las áreas correspondientes, para impedir el acceso de niños, niñas y adolescentes al predio denominado ex basural a cielo abierto o predio IMEPHO”.
El objetivo del pedido fue “impedir cualquier práctica que conlleve a las situaciones de explotación del trabajo infantil y/o trata de personas con fines de explotación laboral, teniendo en especial consideración las actuales condiciones de vuelco de residuos en este predio, así como de cualquier situación de riesgo a dicho colectivo que allí se suscite”.
Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró necesario “no sólo la adopción de pautas de vigilancia o restricción de ingreso, sino también la aplicación efectiva de medidas alternativas de cuidado y/o contención de los niños que acompañan a sus progenitores en el predio, en otros ámbitos estatales (educacionales, sanitarios, etc.), así como la implementación simultánea de políticas de restitución de derechos a personas o familias en situación de vulnerabilidad que allí viven, pernoctan y/o concurren”.
Para esto, Larriera le comunicó al intendente Pulti que podría requerir el auxilio de fuerzas de seguridad para llevar adelante la tarea. A la vez, le solicitó que informe la próxima semana “el detalle y resultado de las medidas adoptadas en el marco de este requerimiento”.
Fondos del BID
Una de las personas que aportó su testimonio a la causa fue Silvia Adriana Martínez, de la Parroquia San Francisco de Asis y perteneciente al grupo que se denomina “Pastoral delBasural”.
Martínez realiza trabajos de voluntariado en el lugar y a raíz de ello, pudo otorgar datos concretos tanto de la realidad social imperante como de las posibles o presuntas causas que generan la vulneración de derechos de niños, jóvenes y adultos en el lugar. Entre otras cosas, señaló que cuando se hizo el predio nuevo de tratamiento de residuos, su capacidad quedó chica para la cantidad de residuos de Mar del Plata y para las cincuenta personas que allí trabajan.
Lo anterior, señaló la mujer, llevó a que los propios camiones de recolección de residuos comenzaran a volcar el contenido en la planta estatal y en el predio contiguo, donde se situaba el ex basural. Esto último generó que “toda esta gente con problemática social y pobreza”, entre los que hay “familias, niños, jóvenes, señoras grandes”, fuera “a recolectar basura”.
Asimismo, Martínez señaló que el Banco Interamericano de Desarrollo, al aportar fondos a la Municipalidad para realizar la nueva planta de tratamiento de la basura, “entregó también fondos para solucionar el problema social, esto es la gente desempleada que allí junta residuos”. Sin embargo, agregó que eso “por los hechos no ocurrió, [ya que] sigue habiendo gente recolectando basura […]. Es decir, es una problemática social que no es solucionada”.
Por todo ello, Larriera, en su escrito, consideró que no era posible “abordar una gestión penal de un conflicto de tamaña envergadura sin articular, cuanto menos, la intervención estatal con los otros estamentos, en este caso gubernamentales, que deben velar por la prevención y/o cesación en la vulneración de derechos humanos esenciales”.


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