Carlos Mercado, delegado gremial de Kevingston y militante de la Alameda, fue absuelto. La fiscal PRO Scanga quería condenarlo a 9 meses de prisión. La marca Kevingston no pudo avanzar en el desafuero de un delegado que defiende a sus compañeros de las explotaciones.


El fallo de este miércoles de la jueza porteña Patricia Larocca sentó un preocupante precedente para las patronales que explotan: la defensa de los derechos de los Trabajadores NO es un delito. Iba a ser, y fue Justicia.

"El hecho se da en un contexto de terrible violencia social". Esa frase formó parte del alegato final de la fiscal PRO/Kevingston, Andrea Scanga, que solicitó 9 meses de prisión y la prohibición de que tenga algún tipo de contacto con Javier Belfiori.

El delegado Carlos Mercado resaltó justamente esta frase en su declaración. "Más acertada no pudo ser, la violencia social que se vive hoy en día es producida por la continua represión que el Estado de la Ciudad ejerce sobre el pueblo al cual debería cuidar. Son innumerables los procesos judiciales abiertos contra trabajadores, la violencia policial en los barrios, la complicidad estatal con las mafias, narcos, proxenetas. Hay una enorme cantidad de dependencias estatales que están siendo usadas para reprimir a la ciudadanía en vez de protegerla. Sin ir más lejos, el Ministerio Publico Fiscal está ubicado en la Comuna 2 de la Ciudad de Buenos Aires, misma comuna en la que el año pasado vecinos denunciaron más de 50 prostíbulos en los que se comprobó trata de personas y más de 100 puntos de venta de droga, muchos de ellos en la misma manzana de la Fiscalía".

El real trasfondo de condenar el delegado gremial era la avanzada patronal/judicial que se intentó llevar adelante tenía como único objetivo sentar un nefasto precedente que ataría de manos a los trabajadores frente a las patronales patoteras y corruptas.

Por el fallo de la magistrada Larocca defender a los trabajadores no es delito.

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