El Gobierno Nacionl no pone en funcionamiento un plan de asistencia a las personas en riesgo, como marca la legislación. Algunas son testigos de causas contra redes.
 
    FOTO: una víctima de trata hoy sin asistencia por el Estado
 
Por Silvina Heguy para Clarín hoy domingo 29 de junio de 2014
 
En algún rincón de la Provincia de Buenos Aires, hay una mujer que ya no usa su nombre. Lo cambió cuando ingresó al Programa de Testigos, por haber hecho un aporte trascendente a una investigación judicial, y después de que su novio la ayudara a escapar del prostíbulo de Mar del Plata en el que estuvo encerrada durante más de un año y medio cuando la trajeron engañada de República Dominicana. Su testimonio sirvió para que los integrantes de una red internacional fueran condenados el 13 de mayo. Pero en ese lugar de la Provincia, donde nadie sabe de su paso por el infierno, ella sigue escuchando “La Travesía”, una bachata dulzona en la que Joe Veras cuenta la tragedia de las víctimas de trata que dejan su pueblo tras una promesa falsa. Ella sigue pensando en su país porque su hija de 9 años aún está ahí, donde la red la captó, y hace 6 años que no la ve. “Seguimos siendo víctimas, ahora por ayudar a la Justicia”, denuncia.
“Hambre, frío y sueño,” canta el dominicano y ella, J., durante su encierro, ponía moneda tras moneda en la “maquinita de música” del prostíbulo Dulcinea para escucharlo mientras sus otras veinte compañeras -también encerradas- miraban al cielo. “Era una conexión hacia la libertad, para evadirse”, cuenta su pareja. Los dos están aislados junto a su hija de 2 años en algún rincón de la Provincia. Ella sigue esperando que traigan a su otra hija, una de las promesas que le hicieron al entrar al Programa y que es uno de los puntos del protocolo de asistencia a las víctimas de trata que establecen la ley y los tratados internacionales que Argentina adhirió (Ver “Cómo se debe..”). También espera que la ayuden a comenzar a trabajar de peluquera: otro de los derechos de las víctimas es la reinserción laboral; que le den ayuda psicológica y le avisen el estado de la causa, o sea, si el policía bonaerense condenado sale de la cárcel.
Estos incumplimientos en su caso, como en otros comprobados por Clarín y de los que tampoco se darán detalles por razones de seguridad, es la consecuencia principal de la falta de reglamentación por parte del Gobierno de ley N° 26364 de trata y asistencia a la víctima, sancionada en 2008 y modificada en diciembre de 2012 tras el escándalo por la falta de condena en el caso Marita Verón. El de la trata es un delito que mueve más de US$ 3 2.000 millones por año en el mundo y esclaviza a 4 millones de personas. La mayoría de ellas con fines de explotación sexual.
“La reglamentación de la ley debe establecer cuál es el protocolo para asistencia a las víctimas y además mejorará los pasos que debe cumplir el Estado ante ellas. ¿Por qué hay que ayudar a una dominicana que fue traficada? Porque hubo sectores del Estado corruptos que lo permitieron”, explica el legislador porteño Gustavo Vera. El fundador de la Fundación Alameda, la ONG que lucha contra la trata, también remarca que la reglamentación debe poner en funcionamiento y darle presupuesto al Consejo Federal, integrado por los tres poderes del Estado, el de las provincias, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil. “De esta forma habrá una política pública y que será controlada”, dice.
Por ahora, después de 18 meses de la sanción de la reforma de la ley, el Poder Ejecutivo sólo nombró a la coordinadora del Comité Ejecutivo, Cecilia Merchán. Desde el organismo explicaron que para que la ley se aplique en lo penal no es necesario reglamentarla.
 
    FOTO: El capo de esta red tratante/prostibularia, Jorge Sánchez
 
“Es así, pero para que funcione el Consejo Federal sí lo es. Y éste es una herramienta indispensable para el diseño de una política contra la trata porque en la actualidad hay diferentes sectores que trabajan, pero ante un delito transnacional hay que aplicar una política nacional”, advierte Fabiana Túñez, directora de La Casa del Encuentro, la ONG que asiste a víctimas de trata. Para Túñez, el otro aspecto que falta es la asistencia estatal, los refugios y la ayuda post refugio. “Porque, según la ley, el objetivo del Estado es acompañar a la víctima en el proceso judicial y hasta que pueda armar un proyecto de vida. Se habla de que una víctima de trata sexual o trabajo esclavo tarda entre 3 y 6 años para poder hacerlo”, explica.
“Eso es lo que necesitamos que el Estado garantice. Porque sino una víctima es rescatada, comienza un proceso judicial y sino tiene apoyo estatal es probable que por las amenazas decida no seguir y sin víctima es difícil el juicio”, analiza Túñez.
“Ningún Poder Ejecutivo necesita reglamentar una ley para aplicar políticas públicas que están también establecidas en los tratados internacionales que ha firmado, como el Protocolo de Palermo”, explica la jurista María Elena Barbagelata, ex diputada socialista y presidenta de la Comisión de Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. “Es una cuestión de compromiso. Hay que entender que en el fondo no se trata de la falta de reglamentación  sino de que el Ejecutivo no aplica un protocolo de ayuda a las víctimas”, concluye.
La Oficina de Rescate del Estado informó que desde su creación, en 2008 , ha rescatado a 6.000 víctimas de trata. Pero son estadísticas planas. Tanto desde la Alameda como desde La Casa del Encuentro advierten que al no saber quiénes son, puede tratarse de casos que se repiten. “No explican qué fue de sus vidas, si fueron ayudadas a reinsertarse laboralmente, si tuvieron apoyo psicológico, y en caso de tener la voluntad de regresar a su lugar de origen, si lo lograron”, dice Vera.
Clarín comprobó casos de problemas en esta asistencia. Al consultar al Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y asistencia a la víctima, informaron que estos serán revisados y que el Estado garantiza que los derechos de las víctimas sean respetados.
Las ONG también advierten que faltan refugios para las víctimas. En la Ciudad existe uno del gobierno local. Funciona desde el 2010 y tiene plazas para 18 mujeres, niñas o niños, que son asistidos en varios aspectos. El Gobierno nacional no tiene propio, sino que trabaja con los dos de la Fundación María de los Angeles, de Susana Trimarco, madre de Marita Verón.
El mapa y la regla. Si de algo no se olvida la pareja de J. es del mapa y la regla. En algún lugar de la Provincia cuenta que cuando llegaron a la oficina de Protección de testigos había un mapa y que con una regla trazaron un círculo desde Mar del Plata. “Nos decían que no podíamos vivir en la Provincia porque había policías bonaerenses implicados. Pero terminamos muy cerca de donde es uno de ellos”, dice. “Estamos como presos”, agrega ella. “Pensé que con mi nueva identidad al menos tendría la Asignación Universal para mi hija pero nos dijeron que no nos anotáramos ni con el nuevo nombre. Pedimos trabajo. Vivimos como fugitivos por ayudar a la Justicia”.
 
 
La reforma del Código Penal
 
Si el anteproyecto de reforma del Código Penal avanza tal como está en su redacción, muchas de las condenas podrían caer. La advertencia la hacen desde la sociedad civil las ONG que trabajan en el tema de la trata de personas como también el fiscal Marcelo Colombo, de la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas (Protex).
La advertencia también se escuchó en la jornada sobre Explotación sexual y trata en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, organizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El texto no pena a quien regentea un prostíbulo cuando las mujeres que ejercen la prostitución son mayores de 18 añosy manifiestan su consentimiento. Algo que contradice la ley de trata y que podría servir para trabar los procesos.
 
Seguimos en peligro
 
Al principio el Programa nos ayudó mucho. Pero estábamos y seguimos en peligro. La noche del allanamiento a Dulcinea, vino el fiscal, nos avisó y nos sacaron de mi casa. La anterior la habían baleado. Nos dieron dinero, alojamiento en Buenos Aires y pude pasarle dinero a mi otro hijo. Pero después de que declaró ella, hace casi dos meses, alguien nos dijo que tendríamos que salir del Programa de Protección. Yo no tengo un trabajo estable, no veo a mi hijo que está en Mar del Plata y ella está alejada de la suya. Todavía no podemos bautizar a la nena que tenemos y en unos días, va a cumplir 3 años También nos advirtieron que nos atuviéramos a las consecuencias si hablábamos a los medios de lo que nos pasaba”, dice D., la pareja de J. y quien la ayudó a escapar de su cautiverio. Su declaración fue esencial para condenar a Jorge Sánchez, acusado de ser el jefe de la red de trata, a 7 años, y a su mujer, a 5 años. Al ex efectivo de la Dirección de Drogas Ilícitas, Claudio Campo, le dieron 4 años.

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