El tráfico y explotación de mujeres en el prostíbulo La Posada en Mar del Plata va a juicio oral. Aunque aún ningún imputado está detenido, y las víctimas no fueron realmente rescatadas y reincorporadas a la sociedad.



Pero tuvieron que pasar décadas de alianza del poder con esta mafia. Por parte del poder político, entre ellos el intendente Gustavo Pulti que intentó legalizar La Posada en el 2010 antes de la ordenanza de prohibición de prostíbulos habilitados; y el poder judicial, los jueces Rodolfo Pradas y Alejandro Castellanos quienes se negaron en su momento a los allanamientos pese a la cámara oculta en el interior del prostíbulo que evidenció el padecimiento de las mujeres. Pero eso no era todo. 

La impunidad se arrastraba hace más de una década. En el 2002 la banda de la Posada fue investigada por sus vínculos con el famoso caso "El Loco de la Ruta". 

Pero la estructura criminal llega a su fin recién con la lucha consecuente y decidida principalmente de la Alameda Mar del Plata que aportó las pruebas y dejó en evidencia una y otra vez a este antro de la trata y explotación ubicado a tan solo cinco cuadras de la intendencia.   

Artículo publicado en http://quedigital.com.ar/sociedad/la-posada-siete-imputados-juicio-oral-por-trata-de-personas/

Lo dispuso el juez Santiago Inchausti. En el proceso se investiga a una organización que explotaba a al menos 16 mujeres en el local situado en 11 de Septiembre casi La Rioja.

Por Belén Cano 

El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, ordenó la clausura de la instrucción y la elevación a juicio oral de la causa por el prostíbulo La Posada, donde están imputadas siete personas, por el delito de trata de personas.

De las tareas de investigación y como resultado de los allanamientos realizados en 2012, se pudo constatar que en la vivienda de 20 de septiembre 3532 los imputados alojaban en precarias condiciones a una gran cantidad de mujeres, en su mayoría de nacionalidad paraguaya, quienes todos los días eran trasladadas en taxis o combis al local nocturno denominado La Posada, ubicado en 11 de Septiembre 3030, con el fin de ser ofrecidas sexualmente y posteriormente ser explotadas en el hotel lindero El Paraíso, propiedad de la misma organización.

El salón central, lleno de mugre actualmente, solía “ofertar” -como si se tratara de mercancías- al menos 16 mujeres traídas desde Paraguay, aunque se estima que llegó a haber más de 30. Allí tomaban “copas” con los ocasionales o recurrerentes clientes/prostituyentes, y luego salían al hotel lindero a concretar los denominados “pases”.
El fiscal Pablo Larriera, a cargo de la investigación, reparó en que no había una puerta interna, a pesar de que ambas propiedades pertenecían a la red de tratantes. “Era tal la impunidad que iban por la calle, a la vista de todos”, sostuvo.

LOS IMPUTADOS

La red de trata tenía dos cabezas visibles: Juan Carlos Motillo, encargado de organizar y regentear el prostíbulo, además de cobrar pases, quien falleció a la espera del juicio oral; y su mujer, Alicia Acevedo Galeano, quien quedó procesada en junio de 2013, luego de estar prófuga y presentarse ante la Justicia a principio de año. Sería la encargada de viajar a Paraguay a reclutar víctimas, a veces acudía en una camioneta a nombre de la sociedad, que tenía muchos otros bienes. “Era una dinámica de enriquecimiento económico: por año podían llegar a facturar entre cuatro y cuatro millones y medio de pesos”, aseguró el representante del Ministerio Público Fiscal.

A su vez, hay otras cinco personas imputadas en la causa. María del Carmen Castrege y su esposo Aníbal Soria, los presuntos financistas de la organización; y otras cuatro personas implicadas en la causa fueron personal empleado en el lugar: Gabriel Carmona, a cargo de la seguridad; José Aníbal Patroni, barman; Humberto Scarpetta, encargado del local; y Ariel Spaltro, otro barman que actuaba como administrador del prostíbulo.

SENTÓ PRECEDENTE

Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), destacó que esta investigación “tuvo la virtud de ir a buscar a las personas que financiaban la construcción del hotel y se beneficiaban por los servicios sexuales que se concretaban en ese hotel”.
Daniel Adler, jefe de los fiscales federales en la ciudad, puso en relieve el trabajo desde el Ministerio Público Fiscal –aún cuando los jueces de primera instancia de aquel momento negaban allanamientos e indagatorias- y aseguró: “Este caso nos demuestra que cuando se quiere, se puede”.

Justamente, ante esa negativa a avanzar en allanamientos, Colombo destacó el camino emprendido por la Fiscalía: “Se podía no hacer nada, porque no es apelable, o forzar la interpretación tradicional de la jurisprudencia, ya que como jueces no podían negar un recurso arbitrariamente. Fuimos tratando de ser lo más creativos posibles, y a partir de este caso, se creó una jurisprudencia muy valiosa en la Cámara Federal de Apelaciones, que hoy se utiliza en otros casos de todo el país”.

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