Este domingo 19 de octubre en el diario Clarín, sección Zona, entrevista por Marcelo Larraquy a Gustavo Vera, titular de la
Fundación La Alameda y legislador porteño.
Crimen organizado, trata de
personas, tráfico de drogas, trabajo esclavo, prostíbulos, “cuevas” de
celulares robados, corrupción policial... La agenda legislativa de Gustavo Vera sigue el pulso del delito
callejero en Buenos Aires y poco se parece a la de sus pares. Menos cuando
considera que su sueldo de 56 mil pesos (“además de la obra social privada”,
agrega) es excesivo y propone que un legislador se equipare con el salario de
un director de escuela o el jefe de servicio de un hospital público.
Vera no cree en la teoría
del “Estado ausente”, sino que la supuesta omisión policial para reprimir el
delito retorna en forma de aportes económicos a las “cajas negras” de las
seccionales, como una devolución del crimen organizado. “La corrupción se
verticalizó. Se consienten delitos a cambio de una recaudación regular que
luego va hacia los gastos corrientes de la policía, sueldos no remunerativos,
comisarios, subcomisarios, jefes de brigadas, y también al sistema político y
judicial. Está todo científicamente mapeado, desde el delito complejo hasta
liberar una cuadra... Hoy día, al policía que iba a buscar una pizza a la
esquina hay que convertirlo en santo”, ironiza Vera, convertido desde hace años
en un aliado del ahora Papa Francisco en su lucha contra la criminalidad.
Desde la Fundación La
Alameda, Vera comenzó recibiendo datos de talleres de “trabajo esclavo” y
“trata de personas” en prostíbulos.
Después de su labor como
docente, recibía en el sótano de un local de Parque Avellaneda a denunciantes, o
a familiares de policías que relataban la connivencia de sus jefes con el
delito; le llegaban cartas anónimas. Para probar las acusaciones, La Alameda
realizaba cámaras ocultas en prostíbulos, que luego “escrachaba”. Hoy el delito
cambió la modalidad. “La actividad principal de los prostíbulos es el
narcotráfico. El resto es ´souvenir´. También crecieron las “casas tomadas”. Se
iniciaron como reivindicaciones sociales de viviendas y luego fueron
“desalojadas” por “bandas” que las convirtieron en “aguantaderos”, bunkers de
drogas... La droga ya no está sólo en la periferia de la ciudad. Esa foto es
vieja. Está en los prostíbulos, los pubs “truchos” de los barrios, incluso
muchos travestis son usados para venta de estupefacientes”, añade Vera.
Para la gestación de un
mapa del delito -que luego se transformó en la causa judicial de “los 100
puntos narcos”- La Alameda actuó como receptora de la indignación vecinal, que
no confiaba en sus seccionales policiales. Vera ahora es escéptico sobre el
destino de la causa, en manos de Oyarbide.
Pedirá su recusación para
que otro juez la active. “Si hay voluntad política a los narcos te los llevás
puestos, porque le podés entrar por 8 mil delitos”, asegura.
