Hoy en el diario La Nación nota de opinión titulada "Trata de personas: una reglamentación insuficiente". Es llamativo el desinterés del Gobierno por reglamentar todos los artículos de una ley indispensable para combatir un grave delito


http://www.lanacion.com.ar/1780724-trata-de-personas-una-reglamentacion-insuficiente

Es llamativo el desinterés del Gobierno por reglamentar todos los artículos de una ley indispensable para combatir un grave delito

A fines de enero pasado, a más de dos años de su aprobación, fue reglamentada la ley contra la trata de personas. Sin embargo, esa reglamentación sólo alcanzó a unos pocos artículos de la ley mencionada y las modificaciones que se agregaron.

Como se recordará, la ley había sido sancionada por el Congreso en diciembre de 2012, durante el período de sesiones extraordinarias convocadas por la Presidenta luego de que se conociera el fallo que absolvió a los acusados de secuestrar en Tucumán a la joven María de los Ángeles (Marita) Verón, hija de Susana Trimarco, para forzarla a entrar a una red de prostitución y trata de personas.

Sólo tres artículos de un total de 27 se reglamentaron y tratan sobre los pasos por seguir para resguardar los derechos de las víctimas: el artículo primero, que dispone que "los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las facultades conferidas legalmente, y los profesionales de los organismos de rescate y asistencia a las víctimas, dentro de sus competencias, deberán informar de inmediato la identificación de posibles víctimas al juez o fiscal encargados de la investigación", y el sexto, que establece que, en los casos de rescate de víctimas de trata, el Estado nacional procurará que el primer contacto sea llevado adelante por profesionales especializados en trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que actuarán junto a los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad intervinientes, previo requerimiento del magistrado competente.

Tanto para las ONG como para otras entidades que siempre han contribuido activamente a la reglamentación de la ley, este hecho ha provocado una gran decepción, ya que entienden que sólo con la reglamentación total de la ley se podrá avanzar en la lucha contra este gravísimo delito en la Argentina.

Justamente, entre otros artículos importantes, quedaron sin reglamentar los que incluyen las disposiciones penales y procesales. Por ejemplo, como señaló la organización La Alameda, al no reglamentarse el artículo 7 quedan sin representación en el Consejo Federal el Poder Judicial, el Legislativo y otras jurisdicciones del país en la planificación de la política en defensa de las víctimas y de la lucha frontal contra la mafia de la trata.

Tampoco se reglamentó el artículo 8, por lo que la sociedad civil no puede integrar el Consejo Federal. Nos referimos a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o con actividad específica en el tema que, como afirma ese artículo, "acrediten personería jurídica vigente y una existencia no menor a tres años".

La no reglamentación de artículos tan importantes, aducen las ONG que se ocupan de este grave flagelo, hará que no exista control sobre la aplicación de los recursos hacia las víctimas, uno de los atributos del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, organismo que sí quedó reglamentado en diciembre pasado.

Llama poderosamente la atención, entonces, la forma ligera y superficial en que se viene trabajando desde el Gobierno un tema tan delicado, tan fundamental para la salud y el equilibrio de nuestra sociedad como éste.

Ya hemos dicho y repetido desde estas columnas que el problema de fondo para combatir la trata de personas y otros delitos del crimen organizado como el narcotráfico y el lavado de dinero es la falta de interés de una parte del poder político y judicial para enfrentarlo. A esto se suma la ausencia de capacitación de parte del personal policial y judicial, demostrada reiteradamente al incurrir en errores groseros, generalmente en perjuicio de las víctimas y sus familiares.

Esta reglamentación tardía y claramente insuficiente a simple vista no contribuye ni contribuirá a solucionar un tema que depende de la firme voluntad del Poder Ejecutivo para combatirlo.
Llama poderosamente la atención que luego de casos tan dolorosos como los de Marita Verón y María Cash, también desaparecida y de quien nada volvió a saberse, las autoridades reaccionen con esta llamativa indiferencia ante un delito que, se ha visto en más de un caso, reconoce complicidades policiales, políticas y judiciales.

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