El
ex titular del INTI se refirió con duros términos a la gestión de la ministra
de Industria Nacional, Débora
Giorgi, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) a partir de la negativa a un juez federal de recibir maquinaria textil
incautada de un taller clandestino para replicar el modelo de Polo Textil que
es la continuidad laboral de las ex víctimas del taller clandestino en forma de
cooperativa con el asesoramiento del INTI.
FOTO: Enrique Martínz ex titular del INTI
Enrique
Martínez, que durante su gestión se creó el primer Centro Demostrativo de
Indumentaria (CDI) y se aplicó el primer fallo judicial de incautación de
maquinarias de una fábrica esclavista, dijo que “es una vergüenza como se está
pensando desde el ministerio y el INTI. Es lamentable porque directamente lo
mandaron al carajo al juez, y esto es inconcebible”.
Gracias
al artículo de Omar Lavieri en Infobae se reveló este caso donde los
esclavistas fueron procesados e incautación de las maquinarias.
Para
Enrique Martínez además le resulta insólito que la ministra Débora Giorgi no
haya dado respuesta al juez Sergio Torres y que “sea el Gobierno de la Ciudad
que está por lo menos dejándolos trabajando porque renovó la concesión del
predio”.
http://www.infobae.com/2015/05/21/1730283-procesaron-dos-ciudadanos-bolivianos-que-explotaban-seis-connacionales-como-mano-obra-esclava
Procesaron a dos ciudadanos bolivianos que
explotaban a seis connacionales como mano de obra esclava
Los trabajadores fueron
traídos desde Bolivia con promesa de empleos. Les quitaron los documentos y los
tenían encerrados en un taller textil. El juez dictó el procesamiento y criticó
al INTI
Las historias que relatan
los seis trabajadores bolivianos que eran sometidos a condiciones de
esclavitud en un taller textil del Bajo Flores, son similares. Ellos son
pobres, desempleados que conocieron a una mujer en Bolivia que les prometió trabajo en Buenos Aires. Les
pagó el pasaje, los llevó al taller en la calle Saraza al 1500 y se quedó son
sus documentos. No podían salir, y trabajaban a destajo desde la mañana
hasta la noche confeccionando pantalones de jean. Comían poco y nada y les
pagaba sueldos magros. Fueron conminados a trabajar por lo menos un año
desde la llegada a Buenos Aires.
La mujer que los engañó en
Bolivia y lo explotó en Argentina se llama Rocío del Carmen Rodríguez
Blanco. Su esposo, socio en la propiedad del taller textil, es Jorge Fidel
Chambi Mamani. Ambos fueron procesados por el juez federal Sergio Torres por
los delitos de reducción a esclavitud o servidumbre y de trata de personas.
El extenso procesamiento
firmado por Torres detalla cómo eran las condiciones abusivas en las que las
seis personas vivían y trabajaban a las órdenes de sus connacionales:
El juez describió las
condiciones laborarles de los explotados: "Otro extremo que puede darse
por cierto con la información recabada es aquel referido al extenso
horario de trabajo asignado a los damnificados (de 7 a 21 durante la
semana, de 7 a 13 los sábados, e incluso días domingos para quienes eran
remunerados por prenda), tanto como las remuneraciones que percibían por su
labor (dos cobraron en modalidad por prenda $4,20 dividido entre ambos por cada
pantalón confeccionado, y los restantes percibieron un salario de alrededor de
$3.000 mensuales). En cuanto a la esfera de libertad individual de los seis
trabajadores, debe ponerse de resalto que no poseían llaves para ingresar
o egresar de la vivienda sino que debían solicitar la apertura de la puerta a
Rodríguez Blanco. Se encuentra probado, además, que los imputados en
ciertos casos no permitieron a algunos de los damnificados abandonar el
inmueble durante los días de trabajo, después de su jornada".
Torres explicó que
"otra arista de su limitación estuvo dada por las comunicaciones con el
mundo exterior, dado que solamente se permitió hacer uso de sus teléfonos
celulares en horario de trabajo a los trabajadores por prenda, mientras que los
restantes que cobraban por hora lo tenían absolutamente restringido en esos
mismos lapsos".
Las especialistas del
Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por
el Delito de Trata, quienes hablaron con los trabajadores afectados, explicaron
que "la comida que les daban era pan, hígado, pollo, algunas veces
sólo huesos de pollo y que había un solo baño en todo el taller".
El juez señaló en el
procesamiento que los trabajadores "desempeñaron sus tareas sin contar con
un contrato de trabajo que regule la actividad que realizaban dentro del
domicilio y por consiguiente sin gozar de los correspondientes beneficios
laborales". Y agregó que "este es un caso de mercado negro de
trabajo, en el que las víctimas carecían de todo tipo de cobertura contra los
riesgos laborales y tampoco se abonaban cargas sociales, lo que genera la
situación de servidumbre que se imputa en la medida que evaden todo tipo de
control estatal".
Torres fundamentó el
procesamiento de los dos dueños del taller con argumentos contundentes:
"Entiéndase aquí que los imputados se aprovecharon de las
circunstancias socio-económicas y familiares de las personas que trabajan en el
taller textil, extranjeros provenientes de países limítrofes que por su
contexto social se ven compelidos a aceptar empleos en condiciones de
precariedad. En tanto se advierte en el caso, además, laimplementación de
mecanismos ilegales de captación de inmigrantes y consecuentes actos dirigidos al
aseguramiento o protección de la permanencia de esos individuos en el país, con
la finalidad de obtener un beneficio económico diagramado como 'política de
empresa'".
Y continúa: "También
existen razones para afirmar que los imputados han aprovechado la
situación de vulnerabilidad de los trabajadores y los han sometido a
condiciones de trabajo indignas, conforme lo requieren las normas aplicadas. En
efecto, las condiciones en que se encontraban las personas constituyen un real
ataque al hombre libre que, lejos de una abstracción filosófica, se erige como
un interés fundamental del Estado al que no se puede renunciar y que se tiene
como presupuesto ineludible de la sociedad libre. La condición de migrantes de
los trabajadores, el irregular estatus migratorio de todos ellos, su
delicada situación socio económica, el exiguo salario que percibían por su
trabajo, las prolongadas horas de trabajo a las que estaban condicionados, la
precaria situación de trabajo informal a la que se hallaban sometidos y la
situación de encierro que sufrían en el ámbito laboral y que limitaba su
libertad ambulatoria son elementos que, valorados íntegramente, resultan
suficientes para el dictado del procesamiento respecto de los dos
imputados".
Los procesados están en
libertad y los seis trabajadores bolivianos regresaron a su país.Las máquinas
del taller fueron cedidas por el juez, por una gestión del Ministerio de
Trabajo de la Nación, al Centro de Estudios Técnicos para la Industria de la
Confección(CETIC) que es la escuela de capacitación de la Unión de Cortadores
de la Indumentaria (UCI).
Pero antes de llegar a
concretar la cesión de las máquinas por intermedio del Ministerio de Trabajo,
Torres recibió la negativa de dos organismos estatales.
Torres, como había hecho en
un caso anterior de trata de personas, intentó ceder las máquinas textiles
al Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI) que depende del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI). Según relató Torres en el procesamiento,
antes de que el CDI recibiera las máquinas debía tener autorización del Área de
Legales del INTI. Desde el juzgado se contactaron con el titular del Área de
Asuntos Legales del Inti, quien explicó que la creación del CDI data de una
gestión anterior, siendo que la actual no avala su existencia y que dicha
área, para el caso de que este Juzgado les entregara la maquinaria, podría
plantear una revocatoria: "Lamenta este Tribunal que procedimientos tan
valiosos como el que resulta en este punto, no sea parte de una política de
Estado en esta materia y dependa de la voluntad del funcionario de turno",
criticó Torres.
Al juez le sugirieron que
las máquinas serían bien recibidas en una mutual cordobesa que carecía de
recursos para pagar el traslado. Pero que ese problema podría salvarse mediante
una gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La sede Córdoba
de esa cartera derivó la inquietud a la sede central del Ministerio que
conduce Alicia Kirchner. Desde allí dijeron que el traslado de las
máquinas no era un procedimiento habitual que necesitaba de una autorización
del área de Jurídicos y el Director de esa oficina no estaba para ser
consultado.
Luego de ese laberinto
burocrático, Torres recurrió al ministro Carlos Tomada quien solucionó el
problema. Las máquinas funcionan en otro lugar. Lejos de aquel donde seis
personas eran tratadas como esclavos.
