La lucha no es en vano. El TOC N° 5 condenó este martes 21 de junio a los encargados del taller clandestino incendiado hace una década en la calle Luis Viale 1259, barrio de Caballito. Los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance, en sintonía con el Fiscal Fabián Céliz como la querella, aceptaron los 13 años de cárcel para Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori,  por reducción a la servidumbre de los costureros y estrago agravado seguido de muerte por los cinco menores, uno por nacer y su madre.




Además se dictó el decomiso de la maquinaria y el inmueble. Y por otra parte se inicia otra causa para investigar a los inspectores, policías y dueños de las marcas, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler.

Este es un fallo esperanzador que nos da fuerza para seguir en una lucha desigual que aún no se asumió como política de Estado. Esto se entiende si uno observa estos datos objetivos. Una sola condena en todo el país por trabajo esclavo en la industria textil (caso Salazar Nina, la primer denuncia de la Alameda del 2005) producida a fines del año 2013, con una ley de Trata aún no reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional y con miles de talleres textiles clandestinos que se siguen incendiado como el ocurrido a fines de abril del año pasado en el barrio de Flores, en la esquina de Paéz y Terrada, donde murieron dos nenes Rodrigo y Rolando de 8 y 10 años.

Las tragedias en los talleres esclavos están a la vuelta de la esquina. Ya que aún el 78 por ciento de la industria de la moda trabaja en la clandestinidad, que sólo en la Ciudad de Buenos Aires como mínimo 3 mil talleres textiles clandestinos, se siguen contagiando los costureros de tuberculosis, más de un centenar de marcas en proceso judicial, y un Estado que sigue sin auditar a las marcas, y ni siquiera comprando en proveedores libres de esclavitud, como sucedió recientemente de allanamientos a talleres que producían en la clandestinidad uniformes policiales. 

Por ello que el Bloque Bien Común, que lidera el legislador porteño Gustavo Vera, presentó los proyectos de ley de auditoria obligatoria de marcas de ropa para que en su cadena de producción no tenga esclavitud, ni trabajo infantil o no registrado. Además el proyecto por certificación de los proveedores del Estado y la creación de dos Polos Textiles para que la maquinaria incautada por la justicia sea reutilizada socialmente en beneficio a las víctimas con apoyo del Estado.


Estos proyectos cuentan con el compromiso de apoyo del oficialismo y la oposición aunque no fueron expedidos de la Comisión de Desarrollo Económico para que sea discutido en el recinto por los 60 legisladores.

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