La Cámara Federal de Apelaciones dictó la falta de mérito para el ex legislador porteño Gustavo Vera en el marco de la causa por supuestas irregularidades en la devolución de dos máquinas textiles que le habían entregado como depositario judicial.
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21/05/2018
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EN LA CAUSA POR LAS MAQUINAS
DE COSER
El dirigente peronista era acusado de no entregar en
tiempo y forma estas máquinas, que habían sido secuestradas de un taller
clandestino y que él debía cuidar para luego "destinar esos bienes para su
reutilización social".
La sala II del mencionado tribunal, integrada por
Martín Irúrzun y Leopoldo Bruglia, terminó considerando que no había pruebas
suficientes para sostener el procesamiento del líder de la ONG La Alameda.
"Los testimonios sumados recientemente, lejos de
superar la incertidumbre ya señalada, siguen reflejando las particulares
circunstancias que rodearon el trámite seguido respecto de las maquinarias
textiles en cuestión y que, por ende, impiden concluir válidamente sobre la
materialidad de los cargos contra Vera", explicaron los camaristas en su
resolución.
Meses atrás, Vera había sido procesado por el juez
federal Claudio Bonadio por presunto "peculado", un delito que prevé
una pena de entre dos y diez años de cárcel.
Además, el magistrado ordenó un embargo por 20 mil
pesos contra el ex legislador de Bien Común, aunque no le dictó la prisión
preventiva. Puntualmente, a Vera se lo acusó de no restituir los aparatos que
habían sido secuestradas de un taller clandestino denunciado por su
organización y que habían quedado bajo su custodia y la de Julio Piumato,
secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de la Nación.
Según la denuncia, la devolución de las máquinas de
coser había sido ordenada en abril de 2016 pero, en su lugar, se entregaron
otros aparatos de las mismas marcas.
Es que, de acuerdo con el testimonio de uno de los
imputados por el allanamiento al taller clandestino, los equipos habían sido
adulterados.
Vera ya había manifestado su inocencia en esta causa al
sostener que tenía la autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal número 4 para disponer de los elementos.
"Se omitió valorar las acciones realizadas por la
parte para poner los bienes en condiciones óptimas de uso y
funcionamiento", subrayó su abogado en julio pasador.
