Los miembros de la Alameda este lunes entregaron al juez Casanello una nueva lista de personas que fueron usadas como aportantes de campañas del partido gobernante. A su vez se denunció a las fundaciones PRO usadas para la recaudación ilegal.


Un total de 75 nuevas personas se comunicaron en las últimas semanas con la Fundación Alameda asegurando no ser aportantes voluntarios y que se comprometen a prestar declaración judicial. Esto lleva a un total de 300 personas que ya aportaron sus datos personales para presentarse a declarar en la causa por robo de identidad y lavado de dinero que se originó por la campaña de Cambiemos 2015 provincia de Buenos Aires que encabezó María Eugenia Vidal, y que luego se amplió a las campañas de Mauricio Macri presidente y Vamos Juntos de la Ciudad de Buenos Aires que lideró Elisa Carrió.

A fines de la semana pasada la Cámara Federal porteña, que preside Martín Irurzun, ordenó que el magistrado Casanello concentre todas las causas iniciadas por las recaudaciones ilegales de las campañas de Cambiemos.



En el expediente Nº 9900/2018 por la campaña presidencial hasta el momento la suma de dinero encubierta alcanza 1.437.350 (un millón cuatrocientos treinta y siete mil trescientos cincuenta) de pesos.

A su vez la Fundación Alameda, a través de Ximena Rattoni, Tamara Rosenberg y Gustavo Vera, aportan las publicaciones periodísticas con información vinculada al posible mecanismo de lavado de dinero. 

Un artículo del diario La Nación, escrito por Hugo Alconada Mon, titulada como “unas 300 empresas aportaron 84 millones al PRO en la última campaña”. Y la otra nota en El Destape de los periodistas Leandro Raduazzo y Juan Amorín que publicaron cerca de 4 mil mails sobre presuntas maniobras dirigidas por Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Nación, para a financiar de manera ilegal la campaña electoral de Cambiemos en el año 2015. El artículo se titula “PeñaLeaks uno los correos que prueban la millonaria estafa marcos pena la campaña”.

Respecto a la campaña de Vamos Juntos las pruebas aportadas por los miembros de la Alameda Rattoni, Rosenberg y Vera tienen las siguientes particularidades, según la presentación judicial que se realizará este lunes 24:

- “El 65,90% de los aportes fueron realizados por empleados del Estado Nacional y Provincial, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- El 94,3% de esos aportes realizados por empleados públicos fue realizado en efectivo.

- Que el total de aportes realizados por los empleados públicos alcanzan los 8.166.000 (ocho millones ciento sesenta y seis mil) pesos.

- Un sector importante de los aportantes se encuentran registrados ante los organismos estatales como monotributista en locación de servicios, lo cual hace pensar que también podrían ser empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Que según el informe presentado ante la Cámara Nacional Electoral, una gran cantidad de los aportantes presentados se encuentran sectorizados en el mismo listado, según las dependencias en las cuales revisten funciones.

- Que la gran mayoría de los aportantes presentados que son empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron los aportes por el monto detallado supra en solo tres días del mes de octubre de 2017.

- Que una gran cantidad de los aportantes presentados y que son empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la fecha del aporte registrado, solo poseían cuatro meses de antigüedad en el cargo.

- Que aportantes son empleados de la empresa "GlaxoSmithKline Argentina SA", la cual es proveedora del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.



LAS FUNDACIONES COMO TAPADERAS

Por otro lado la Alameda investigó los millonarios fondos de las fundaciones de los miembros de Cambiemos y se estima que son usadas como otro mecanismo de recaudación ilegal para las campañas.

Esto derivó en otra causa penal contra las autoridades de la IGJ por el no control de las fundaciones vinculadas al PRO (causa Nº  15277/2018 en el Juzgado Federal Nº 8 de Martinez Di Giorgi) y ese expediente este lunes también será presentado en la causa que lleva adelante el juez Casanello.

Según la denuncia iniciada por la Alameda, las fundaciones del PRO “tienen como denominador común: a empresas contratistas del Estado que aportan dinero a las mismas y cuyo destino de los fondos claramente podrían ser utilizados para campañas políticas,  la Inspección General de Justicia (IGJ) con su actual administración (la jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky) nunca investigó ni denunció el funcionamiento de estas Fundaciones Formar (de Guillermo Dietrich), Pensar y Suma (de Gabriela Michetti)”.

Las alianzas o partidos políticos solo pueden recibir aportes de personas físicas para las campañas electorales así lo establece la Ley de Financiamiento de los partidos políticos.

Por eso la Alameda dice en su denuncia que “la utilización de estas fundaciones entre las empresas y los partidos políticos pone de manifiesto esta situación. Razón por la cual se debería haber realizado una exhaustiva investigación por parte de la IGJ cuestión que nunca aconteció, donde se observa en la reiteración de esta conducta por parte de la IGJ un claro sesgo de protección hacia determinadas Fundaciones vinculadas a un partido político como es el Pro, dándose el caso de la responsabilidad del inspector actuante como el de la máxima autoridad del organismo por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La Fundación Pensar declaró que recibió Ingresos entre 2013 y 2015 por 11,5 millones de pesos, Fundación Formar por 6 millones, y Fundación Suma por 5,9 millones de pesos.

Entonces, la Alameda solicita al juez la indagatoria de inspectora Catalina Dembitzky que actuó directamente en los expedientes y al titular de la IGJ, Sergio Brodsky. No hay dudas que se trata de un delito doloso, el autor tiene conocimiento de la ilegalidad de su accionar al no controlar a las fundaciones de los funcionarios”.

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