La opinión de Gustavo Vera, coordinador nacional de la Multisectorial 21 F y titular de la Alameda, tras el decreto por la extinción de dominio del presidente Macri. 



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1. Hasta un estudiante de primer año de derecho sabe que no se puede modificar el código penal por un decreto y mucho menos darle un carácter retroactivo, lo cual violenta una regla general del derecho. Además es incongruente que habiendo una ley en estado parlamentario sobre el mismo tema, se use el argumento de la "necesidad y urgencia" que obviamente no corresponde porque el poder legislativo está trabajando sobre el punto.

2. El artículo 23 del código penal y el artículo 233 del código procesal penal ya permiten incautar y reutilizar los bienes depositándolos en personas físicas o jurídicas e incluso reintegrarlos si la sentencia judicial firme va en dirección contraria al procesamiento inicial. El gobierno sabe que cuenta con esta herramienta con colaboración del poder judicial y respetando plenamente derechos, garantías y el cuerpo legal penal argentino. El decreto de ayer es pura demagogia.



3. Los reparos que tuvo el gobierno para avanzar con la actual legislación sobre los bienes de los corruptos amparados en la "presunción de inocencia" resultan incoherentes cuando el mismo gobierno apoya fervientemente avanzar sobre la libertad de las personas procesadas, pero que no tienen una sentencia judicial firme. Hasta el momento el gobierno, en la práctica solo reconoce la presunción de inocencia en los bienes materiales, pero no en la libertad de las personas.

4. En los bienes en los que se avanzó por disposición del gobierno como, por ejemplo, una Ferrari o los aviones de Lázaro Baez al que la ministra de seguridad Patricia Burllich le pone calcamonías alusivas a "bienes recuperados a la corrupción" no tienen ninguna utilidad concreta y encima le cuestan al estado dinero en mantenerlos en buenas condiciones (algo que la misma ley le exige hasta tanto no haya sentencia judicial definitiva y disposición final del bien). Por tanto, es falso que el decreto que impulsa el gobierno permita hacer ingresar dinero al Estado, cuando más bien ocurre al revés. Lo más probable es que se use el decreto con sentido discrecional para hacer circo y demagogia electoral.




5. En el marco de la legislación vigente es posible reutilizar masivamente miles de bienes incautados ad referéndum de la sentencia judicial definitiva y si el gobierno no lo ha hecho es porque no tiene el más mínimo interés en el bien común. Cementerios de autos en distritos del conurbano, cientos de propiedades de delincuentes sin uso, campos y talleres clandestinos clausurados por trabajo esclavo, avionetas capturadas y vinculadas al narcotráfico que se pudren sin uso alguno son claros ejemplos de que pese a que el gobierno podía legalmente disponer de ellas, no tenía interés alguno en avanzar sobre la reparación a la sociedad y mucho menos a las víctimas directas de estos flagelos. Es muy claro que el decreto solo persigue instalar la idea de que los únicos bienes a recuperar por la corrupción son los de aquellos que eventualmente hayan cometido delitos del gobierno anterior, pero no del crimen organizado en general. Y tiene su lógica, a Macri, que hizo su campaña lavando dinero de aportantes truchos, amigo del procesado Raúl Martins, el esposo de la regenteadora de talleres clandestinos, Juliana Awada y con parentela entre el clan Macrí perteneciente a la mafia calabresa de la 'Ndrangheta le gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

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