Las nuevas revelaciones de la Alameda en la causa de la
recaudación ilegal en las campañas de Cambiemos presidencial, gobernación en
Provincia de Buenos Aires y en CABA. La sobrina del juez que apartó a Casanello
es aportante de campaña y empleada del PRO, los contratistas del Estado
aportaron a la campaña cuando es ilegal y un acusado de narco por Carrió aportó
en la campaña de Macri presidente.
El año pasado se descubrió que el senador nacional Esteban
Bullrich y la diputada nacional Graciela Ocaña habían robado la identidad de
personas de bajos recursos para canalizar dinero ilegal y justificar algunos de
sus gastos de campaña. A los pocos días más de 2 millones de personas se
comunicaron con la Fundación Alameda para consultar si el gobierno le había
robado su identidad; más de 500 comprobaron que así fue y que no solo fue para
la campaña del año 2017, sino que también lo había hecho Mauricio Macri para
convertirse presidente.
La Alameda presentó una denuncia penal por “sustracción de identidad, asociación
ilícita, lavado de dinero y malversación de fondos públicos” y recayó en el
Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. En el juzgado declararon más
de 300 víctimas para certificar que su identidad fue robada y que nunca habían
aportado un solo peso a la campaña del año 2015 y del año 2017.
A los pocos días se comunicaron empleado de la Ciudad
de Buenos Aires para denunciar que a ellos también le habían robado su
identidad y parte de su sueldo para justificar los gastos en la campaña también
del año 2017, pero en la Ciudad de Buenos Aires y que encabezaba Elisa Carrió. El
fiscal Stornelli después de haber pedido investigar las tres campañas y luego
que varias víctimas declararon en el juzgado decidió cambiar la causa y planteó
que no se trataban de delitos penales sino electorales. El juez de la causa se
opuso y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien decidió
que esos delitos eran electorales, contradiciéndose también ya que unas semanas
antes el mismo había confirmado y apoyado el sentido de la causa.
La causa que investigaba los aportes truchos en la
campaña de Graciela Ocaña pasó a la provincia de Buenos Aires y al fuero
electoral. En el Juzgado Federal Penal se había mantenido la causa que
investigaba la campaña de Mauricio Macri en 2015 y Elisa Carrió en 2017, hasta
que el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que no se investigue más y
nuevamente el juez Martín Irurzun le dio la razón pero sacándole la causa al
juez ya que supuestamente “agregaba
confusión al expediente”. La causa se sorteo y quedó a cargo Luis Rodríguez,
el juez denunciado por cobrar coimas.
Desde hace ya más de tres meses, ante la complicidad de
algunos jueces y fiscales con el gobierno de turno, la Fundación Alameda
decidió revisar cada uno de los más de 4500 aportantes de la campaña de
Mauricio Macri presidente. Además del robo de identidad a empleados públicos,
ciudadanos que nada tienen que ver con la política y a personas de bajos
recursos, se pudo comprobar que empresas contratistas que trabajan para el Estado también aportaron, empresas
involucradas en la causa de “las
fotocopias de los cuadernos”, familiares de jueces que intervinieron en la
causa y hasta una persona denunciada por Carrió como narcotraficante.
DE LOS CUADERNOS A LOS APORTANTES TRUCHOS
En el listado de aportantes presentados de la campaña
2015 el PRO declaró que el día 19 de noviembre de 2015, los empresarios Gabriel
Carlos Quantin y Pablo Alberto Quantin aportaron respectivamente 250.000 pesos
en efectivo para el ballotage presidencial. Ambos son los dueños de la empresa
“Vial Agro SA” y fueron llamados a indagatoria por el juez Bonadio en la
llamada “causa de los cuadernos”.
Otra de las empresas cuyos dueños aportó en la campaña pero de Graciela Ocaña
en 2017 es “Conevial Constructora en Inversora SA” vinculada a Juan José
Belardo.
UN “NARCO”
COMO APORTANTE TRUCHO
Carlos Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió como
testaferro de Aníbal Fernández y vinculado a redes narcos con origen en
Colombia. Pero el PRO no se privó de robarle sus datos y hacerlo figurar como
aportante para el ballotage. Según los datos publicados en la Camara Nacional
Electoral, Carlos Tomeo “aportó” el
13 de noviembre de 2015 con 95.000 pesos en efectivo.
FAMILIARES APORTANTES
El 31 de Julio
de 2015 el Pro que su recaudación de aportantes privados había recibido 20.000
pesos de Sol Irurzun, la sobrina del juez de Cámara que había decidido enviar
la causa a la justicia electoral y que le sacó el último tramo de la
investigación al juez Sebastián Casanello. La sobrina de Irurzun es además
empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013.
CONTRATISTAS DEL ESTADO
La cantidad de aportantes vinculados a empresas
contratistas del estado supera las cien personas. Entre ellas figuran
diferentes empresas del rubro de la seguridad, de la construcción y de la
publicidad. Los empleados de empresas como Murata, Briefing Security, Miavasa,
Evassa SA, Lurovial SRL, Publicidad Sarmiento y otras más figuran “aportando” más de 5.000.000 de pesos,
entre los años 2015 y 2017 todas las empresas que se sumaron a la campaña del
PRO en 2015 ganaron licitaciones por 2.587.446.537.
