El viernes 4 de Octubre a las 10.00 hs, Miguel Camacho el tío de Santiago Siciliano inspector de transito atropellado hace un mes y el presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera se presentaran ante la justicia los Tribunales en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la  Hipólito Yrigoyen 932, para presentar un amparo y cautelar para que el Gobierno no cobre ni emita multas de transito por ser consideradas ilegales hasta que regularice la situación de los inspectores de transito de la Ciudad.

En la noche del domingo 8 de Septiembre, Cinthia Choque y Santiago Siciliano se encontraban realizando controles de transito en la intersección de Figueroa Alcorta y Tagle en la Ciudad de Buenos Aires cuando Eugenio Veppo circulando abordo de un vehículo a alta velocidad, los atropello y escapo generando la muerte de Cinthia y dejando gravemente herido a Santiago quien por suerte se recupera en el Hospital Fernandez.

Cinthia y Santiago trabajaban para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  como inspectores de transito –Cinthia desde hacia mas de 6 años– dependiendo directamente de la Secretaría de Tránsito a cargo de Juan Jose Mendez.  Los inspectores de transito son funcionarios públicos encargados de mejorar la seguridad vial –de la Ciudad de Buenos Aires– pero el gobierno para recaudar más y gastar menos, decidió contratarlos como monotributistas violando todas las leyes nacionales y de la Ciudad.



El gobierno contrata a los inspectores de transito en calidad  de monotributistas no solo para precarizarlos y poner sus vidas en riesgo –no cuentan con seguro, ART, ni siquiera obra social– sino que también los “saca a la calle” para recaudar, obligandolos a cumplir funciones para las que no están autorizados por ley.

Las multas de transito son instrumentos públicos que solo pueden ser emitidos por funcionarios públicos contratados según las ley 471/00 de la ciudad de Buenos Aires y no por monotributistas. El gobierno ignora las propias leyes que se sancionaron en la Legislatura: precariza y arriesga la vida de los trabajadores, los priva de innumerable cantidad de derechos y sobre esa masacre en cuotas que están viviendo los inspectores de transito, el Gobierno recauda 2.600 millones de pesos con multas de transito que son ilegales ya que no son hechas por funcionarios públicos como lo estipula el Articulo 292 del Código Civil y Comercial.


Los accidentes de transito son la principal causa de muerte en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires durante el año 2018 aumentaron un 72% respecto del año 2017. Es por ello que se presenta el amparo y la cautelar.

El gobierno no puede seguir cobrando multas que son ilegales, para ello y para garantizar la seguridad de las personas que transitamos de diversas formas las calles de la ciudad, debe programar el pase a planta de todos los inspectores de transito para que cuenten con todos los derechos y obligaciones que la ley tiene para ellos y así salvaguardar no solo la vida de los peatones, ciclistas y automovilistas, sino también la de los propios trabajadores.

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